En Europa, a raíz de decisiones como las del caso RENFE (España, 2024), ha tomado fuerza la idea de que los abogados internos de empresa no están protegidos del todo por el secreto profesional. La tesis, respaldada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (casos AM&S y AKZO), se basa en que el vínculo laboral compromete la independencia del abogado y, por tanto, anula la confidencialidad de sus comunicaciones con la empresa.

Este criterio ha permitido que autoridades administrativas accedan a documentos preparados por departamentos jurídicos internos, incluso si contienen análisis o asesoría legal, al considerar que no están cubiertos por el privilegio profesional.

Sin embargo, esta posición también es trasladable al contexto colombiano. Sin bien en Colombia, la Constitución y la legislación profesional parece reconocer el secreto profesional como un derecho fundamental, al hacer distinción entre abogados internos y externos, esta diferenciación es transcendental.

Marco legal colombiano

1. Constitución Política – Artículo 74:
   “El secreto profesional es inviolable.”
   La norma es categórica y no sujeta esta garantía a condiciones sobre el tipo de relación contractual del abogado sin diferenciar entre abogados externos o internos, ni condicionar su aplicabilidad a la independencia del profesional frente al cliente.
2. Código Disciplinario del Abogado – Ley 1123 de 2007:
   El artículo 29, numeral 9, establece como deber ético del abogado:
   “Guardar el secreto profesional respecto de los hechos o informaciones de los que haya tenido conocimiento debido al ejercicio de la profesión.” Acá no es claro si abarca también a quienes desempeñan funciones jurídicas dentro de una empresa, incluso bajo vínculo laboral. Tampoco aquí se establece distinción alguna entre abogados litigantes, asesores independientes o abogados internos.
3. Jurisprudencia constitucional:
   La Corte Constitucional ha reiterado que los derechos fundamentales, como el secreto profesional, no pueden ser desvirtuados por reglamentos, ni limitados por actuaciones administrativas. Toda intervención estatal debe respetar el núcleo esencial de estos derechos. Pero de igual manera, no es clara en argumentar afirmativamente la protección del secreto profesional del abogado interno.

Alcance práctico en la empresa

En términos sencillos, esto puede significar que los documentos generados por departamentos jurídicos internos —como informes legales, matrices de riesgo, conceptos jurídicos, investigaciones internas o estrategias de defensa— no están protegidos del todo por el secreto profesional, aunque hayan sido elaborados en ejercicio de funciones jurídicas.

Facultades de inspección de las autoridades

Entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la DIAN, la Superintendencia de Sociedades o la UGPP tienen potestades para inspeccionar, vigilar y requerir información y con estas facultades podrían desconocer derechos como el secreto profesional.

El hecho de que una autoridad actúe dentro de un procedimiento administrativo implica que podría exigir la entrega de documentos, y aunque cualquier controversia sobre el alcance del secreto profesional debe ser resuelta por un juez competente, y no por la autoridad investigadora, para evitar que sea juez y parte, no es del todo práctico.

Riesgos que se asumen en Colombia.

Que un abogado interno no esté protegido por el secreto profesional implicaría:

• Socavar el principio de confianza y confidencialidad entre la dirección empresarial y sus asesores jurídicos.
• Limitar el rol preventivo y estratégico del departamento legal.
• Debilitar el derecho de defensa, especialmente en investigaciones administrativas complejas.
• Exponer a las empresas a inseguridad jurídica, desincentivando la creación y conservación de registros internos que podrían facilitar el cumplimiento normativo.

¿Podría entonces una autoridad administrativa exigir documentos amparados por el secreto profesional?

En el contexto colombiano anterior e internacional visto, esta pregunta se vuelve crucial ante inspecciones o actuaciones administrativas. Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco de investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia, puede ordenar inspecciones administrativas y exigir documentación.

Así, en Colombia, los documentos elaborados por departamentos jurídicos internos —como informes de auditoría legal, evaluaciones de riesgo, investigaciones internas o comunicaciones entre el abogado in-house y los órganos de dirección— no siempre están protegidos por el secreto profesional.

Conclusión

De acuerdo a este análisis, en el marco normativo colombiano no se ofrece una protección robusta, clara e igualitaria del secreto profesional a los abogados internos, y pareciera que existe distinción entre abogados externos e internos es relevante, pues de acuerdo con las precisiones realizadas anteriormente, en Colombia el secreto profesional no sería una garantía de orden constitucional y legal suficientemente clara para los abogados internos y de manera clara solo sería aplicable para los abogados externos en ejercicio de su función.

Con base a ello las autoridades administrativas podrían en algún punto exigir, sin control judicial, documentos de abogados internos casos no aplicables a los abogados externos. El abogado externo, al encontrase cobijado de forma más segura por el secreto profesional, puede brindar mayor seguridad a la información confidencial o sensible de una empresa.

Para defender la garantía que implica la protección del secreto profesional, en Contacto Legal ponemos a disposición nuestros servicios de abogados externos para asegurar la reserva de las comunicaciones legales, y así no corra el riesgo de que toda la información confidencial y los secretos profesionales cruzados entre abogados puedan ser revelados.